Escrito por Camila Piñeiro Harnecker
Cuando se me pidió que escribiera sobre las cooperativas para los lectores de Palabra Nueva, no me extrañó el interés en el tema. La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones que más ha apostado por esas formas de organización socioeconómica en Latinoamérica. Algunos estudiosos plantean que en los años sesenta y setenta esto no fue más que una estrategia para contrarrestar el trabajo de movimientos sociales que buscaban acceder al poder político para realizar cambios más radicales. Pero esto no significa que personas dentro de la Iglesia, sobre todo la orden franciscana, sí hayan visto en las cooperativas una forma de acercar el cielo a la tierra.
Siendo consecuentes con el deseo de fraternidad entre los hombres y las mujeres, muchos cristianos reconocen que en las cooperativas las personas pueden liberarse de aquellos pecados a los que nos empuja la manera en que generalmente nos relacionamos unos con otros en nuestras sociedades, y en particular en los lugares de trabajo. Sugieren, incluso, que si se impulsa la formación de cooperativas en comunidades con siglos de marginación y bajos niveles de educación formal y autoestima, puede revelarse la capacidad de esas personas para aprender a administrar una empresa. De hecho, líderes religiosos han promovido la idea de la empresa cooperativa como una escuela no sólo de conocimientos técnicos, también de valores y habilidades ciudadanas para vivir en armonía con los demás.
Pero la utilidad de las cooperativas también es reconocida por otras personas menos idealistas que defienden la posibilidad de articular intereses (necesidades y aspiraciones) individuales con colectivos y sociales. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 2012 como Año de las Cooperativas, con el objetivo de “subrayar la contribución de las cooperativas al desarrollo socioeconómico, en particular para reconocer su impacto en la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social” e instando a los Estados a que promuevan la formación y expansión de esas organizaciones. [1]
¿Qué es una cooperativa?
Una cooperativa no es más que un grupo de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes por medio de una empresa que les pertenece a todos por igual y que debe ser administrada o controlada democráticamente por sus socios o “asociados”. Se le llama “cooperativa de producción” o “de trabajo”, cuando es creada para que sus asociados produzcan colectivamente bienes y servicios, por ejemplo, las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) en Cuba. También existe la modalidad de “cooperativas de consumo”, la cual permite que sus asociados consuman bienes y servicios en mejores condiciones que las ofrecidas por el mercado para el consumo individual. Son las que conocemos en nuestro país como Cooperativas de Créditos y Servicios (CSS). Existen también cooperativas “mixtas”, donde los socios además de producir de forma colectiva se encargan de abastecer a sus miembros de algunos productos.
Por tanto, una cooperativa es una asociación de personas y una empresa a la vez. Pero es una empresa donde lo asociativo, lo social, es lo que guía el funcionamiento de lo empresarial. Cada persona, independientemente de lo que haya aportado al capital, tiene el mismo poder de toma de decisiones. Por eso, el órgano supremo de la cooperativa –donde se toman las decisiones más importantes (las normas de funcionamiento, la elección de directivos, los planes, la distribución de excedentes, etc.)– es la asamblea de todos los asociados: todos tienen voz y voto en igualdad de condiciones.
El órgano ejecutivo principal, generalmente conocido como “junta directiva”, “consejo de dirección” o –bajo una visión menos verticalista– “órgano de coordinación”, está subordinado a la asamblea general, y sus integrantes son elegidos por ella. Generalmente, este órgano ejecutivo principal, en lugar de asumir la administración directamente, propone o asigna un administrador o consejo de administración, que sería el órgano ejecutivo de una empresa convencional, el cual puede contar con personas externas a la cooperativa contratadas para realizar algunas de esas funciones. Resulta recomendable también que la cooperativa establezca un órgano dedicado a la fiscalización o control interno, que sea elegido por la asamblea y, como los otros órganos ejecutivos, le rinda cuentas a ella. Dependiendo de los intereses de los miembros de la cooperativa, pueden crear comisiones permanentes o temporales para atender asuntos importantes como la educación de los asociados, su vivienda, entre otros.
Es importante resaltar que la diferencia fundamental entre una cooperativa de producción y una empresa convencional (capitalista o estatal, administrada de manera autoritaria) no es si la propiedad legal de los medios de producción (local, tierra, equipos, cuentas bancarias) está en manos del colectivo de trabajadores. Aunque sí es recomendable que aporten la misma cantidad de dinero –definido por ellos, y que puede descontarse gradualmente de sus ingresos– a un fondo de reserva colectivo o “patrimonio social”, no todas las cooperativas exigen que sus nuevos miembros aporten medios de producción como ocurrió con las CPA. Muchas arriendan los medios de producción, aunque generalmente han preferido comprarlos para asegurar su acceso a ellos y evitar que el arrendador decida dejar de arrendárselos.
Lo definitorio, lo que caracteriza a una cooperativa, es que ella sea gestionada democráticamente por sus trabajadores, es decir, que las decisiones sean tomadas directamente por todos en asamblea o por los representantes elegidos por ellos para los órganos ejecutivos, y bajo las normas que ellos hayan aprobado. Mientras que, en la empresa convencional, los trabajadores, a cambio de un salario, ceden a los dueños del capital sus capacidades de participar en la administración; las relaciones de los trabajadores con los administradores son de subordinación. Como veremos, el hecho de que en las cooperativas los directivos hayan sido elegidos o aprobados, no quiere decir que no tengan autoridad o que no existan reglas de funcionamiento que todos deban cumplir, pues ello sin dudas resultaría en una organización inefectiva e ingobernable.
Así, puesto que son dirigidas democráticamente, el objetivo que busca una cooperativa es la satisfacción de las necesidades de sus asociados, identificadas por ellos mismos; y no la mera maximización de la ganancia. Los cooperativistas buscan tener ganancias o “excedentes” pero solo en la medida que eso les permita satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, pues no todas se satisfacen con dinero o el consumo individual. Dentro de lo posible, buscan que el imperativo de ser rentables no se realice a costa de sus necesidades como seres humanos creativos, miembros de familias, seres sociales, profesionales…; es decir, de las otras dimensiones de sus individualidades.
Las primeras cooperativas que se reconocieron como tales, como organizaciones alternativas a las empresas capitalistas, caracterizadas por la subordinación de los trabajadores a los dueños del capital, surgieron con la consolidación del capitalismo en Europa a finales del siglo XVIII. Pero organizaciones socioeconómicas esencialmente iguales a las cooperativas han existido desde los orígenes del hombre. La cooperativa es la figura legal más común que han utilizado organizaciones autogestionarias para registrarse y obtener personalidad jurídica, pero existen otras empresas autogestionarias como las mutuales, los partnerships y distintas variantes de co-gestión que utilizan otras figuras legales.
Las cooperativas en el mundo
En la actualidad, según la Alianza de Cooperativas Internacional (ACI) [2] , más de una décima parte de la población mundial (800 millones) forma parte de algún tipo de “cooperativa”. [3] En países como Canadá o Francia, es más de una tercera parte. Debe tenerse en cuenta que las cooperativas más comunes y con mayor cantidad de socios son de consumo de servicios como la comercialización (empresas que se unen sólo para comercializar y no producen de forma colectiva) y el ahorro y crédito (bancos o cajas de ahorro).
Solo algunos datos evidencian la importancia económica de las cooperativas: ellas controlan más de la mitad del mercado de productos agrícolas en Europa, más del 90 por ciento de los lácteos en Finlandia y Uruguay, más del 40 por ciento de la producción de alimentos, agrícolas y no agrícolas en Francia. En 2009, esas organizaciones contribuyeron el 5. 4 por ciento del PIB total brasileño (37. 2 por ciento del PIB agrícola) y cerca del 5 por ciento del colombiano (ACI, 2010).
Las cooperativas con membresías más grandes son las de consumo. Las actividades productivas más comunes que realizan son los servicios profesionales. Pero existen algunas que producen incluso complejas máquinas herramientas (industria pesada) con miles de asociados. Aunque no hay límites para la complejidad del proceso productivo que puedan realizar estas organizaciones empresariales ni para su tamaño, a medida que aumenta el número de asociados resulta más difícil una participación substantiva de ellos. Las grandes cooperativas de producción son en realidad la unión de varias cooperativas más pequeñas en cooperativas de segundo o tercer grado.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un número considerable de empresas que se identifican como “cooperativas” en realidad no practican los principios de cooperativismo y sólo se denominan como tales para acceder a beneficios que el Estado les otorga y no son supervisadas efectivamente. Otras sí se preocupan por mantener su esencia en medio de un contexto para nada propicio, como es la competencia de mercado que inevitablemente lleva a la reducción de costos a toda costa. Pero algunas, montadas en la lógica que les impone el mercado, han terminado más preocupadas por lo económico que por lo social, distinguiéndose poco de las empresas capitalistas.
El nuevo cooperativismo transformador
Es por esto que en los últimos años han surgido nuevas organizaciones socioeconómicas que, rechazando el comportamiento de las cooperativas más conocidas (contratación de trabajo asalariado de forma permanente; poca participación de los asociados en la gestión más allá de elegir a sus directivos y aprobar planes de gestión anuales sin mucha información; poca responsabilidad social manifestada en despreocupación por la situación fuera de las cooperativas) se han dado el apellido de “revolucionarias”, “socialistas”, “solidarias” o “sociales”, y algunas han preferido autodenominarse empresas o “emprendimientos” con esos apellidos.
Pero así como el socialismo o la democracia no pueden rechazarse por lo acontecido en países que se declaran “socialistas” o “democracias”, el cooperativismo –o en sentido más amplio la autogestión empresarial– tiene plena vigencia. De hecho, los principios que guían el funcionamiento de estas organizaciones más emancipadoras coinciden totalmente con los que deberían guiar a una genuina cooperativa :
1) Membresía voluntaria y abierta.
2) Gestión democrática (un voto por asociado, para tomar decisiones como elegir su directiva, normas de funcionamiento, planes, distribución de excedentes, etc.).
3) Participación económica de los asociados (deben contribuir al menos su trabajo, y se benefician de los excedentes que genere la cooperativa).
4) Autonomía e independencia.
5) Educación, formación e información.
6) Cooperación entre cooperativas.
7) Compromiso con la comunidad. [4]
Las organizaciones empresariales que se han autotitulado “solidarias”, “revolucionarias” o “socialistas”, sí se empeñan por materializar en la práctica estos principios identificativos del modelo de gestión de las cooperativas. Ellas intentan crear las condiciones para que la participación de los asociados no sea solo formal, y organizan los procesos productivos y de gestión de manera que exista realmente un ambiente de igualdad de derechos y deberes. También enfatizan y concretan en acciones su responsabilidad con las comunidades aledañas y aquellas más distantes que se ven afectadas por su actividad económica o necesitan su cooperación.
Potencialidades de las cooperativas para contribuir al desarrollo socioeconómico
A continuación se mencionan algunos de los resultados más importantes que se tienen en toda cooperativa genuina –cuya organización y funcionamiento es consecuente con los principios del modelo de gestión cooperativo anteriormente mencionados– y que evidencian su superioridad respecto a la empresa privada, e incluso la empresa estatal convencional, para lograr un desarrollo económico más humano y justo:
1. Tiene sus propias fuentes de motivación para el desempeño empresarial: La participación en la gestión verdadera, de forma substantiva y no mera formalidad, es una fuente importante de motivación para elevar el desempeño de la empresa autogestionada como la cooperativa. Ello incentiva a los trabajadores a aumentar su productividad, la calidad y la innovación, porque ellos se sienten –y lo son realmente– dueños o en control de todo lo que ocurre en ella.
a. Ingresos y beneficios de acuerdo a desempeño individual y colectivo: Entre las decisiones más importantes que toman los trabajadores en las empresas autogestionadas, está cómo distribuir los excedentes de la manera más justa, según criterios establecidos democráticamente.
b. Motivación para prevenir el acomodamiento y desvío de recursos: En las cooperativas la igualdad de derechos viene acompañada de la igualdad de deberes. Los comportamientos parasitarios o delictivos son evitados mediante mecanismos de autocontrol o supervisión colectiva que aseguran que cada cual cumpla con sus responsabilidades y sancionar a los que no lo hagan.
c. Se superan las contradicciones que afectan la productividad, calidad e innovación en empresas convencionales: Cuando los dueños de los medios de producción, administradores y trabajadores de la cooperativa son también miembros de ella y por tanto con iguales condiciones, se superan las contradicciones que surgen entre los dueños y los administradores y entre los administradores y los trabajadores (conocidos como problemas principal-agente).
2. Mayor productividad sin concentración de la riqueza: El hecho de que los medios de producción que administra una cooperativa estén bajo control (con propiedad legal o no) colectivo y no de una sola persona o un grupo reducido, permite que se realicen actividades económicas de escala mediana o grande al mismo tiempo que se evitan los riesgos sociales asociados a la concentración de la riqueza.
a. Mayores escalas de producción manteniendo la flexibilidad: Más aún, la tendencia de las cooperativas, siguiendo su sexto principio de intercooperación, a la integración horizontal con organizaciones similares permite combinar las ventajas de mayores escalas que generan más productividad y eficiencia en el uso de recursos, junto con las de actividades descentralizadas que permiten una mayor adaptabilidad.
b. Integración vertical con distribución más justa del valor agregado: Las cooperativas están también mejor preparadas para organizarse en cadenas de valor donde aquellas que comercializan o realizan las actividades mejor remuneradas por el mercado no se queden con la mayor parte del valor agregado.
3. Permiten satisfacción de necesidades de las personas: La administración o gestión democrática que debe ocurrir en las cooperativas –y en otras empresas autogestionadas– es imprescindible para que las personas puedan desarrollarse como seres humanos plenos, satisfaciendo no sólo sus necesidades materiales, sino también sus necesidades espirituales.
a. Conocimientos y habilidades técnicos y gerenciales: En empresas autogestionadas como las cooperativas, los trabajadores saben que su desempeño –y por tanto sus ingresos– depende de las decisiones que tome la asamblea o sus representantes, por lo que tienen especial interés en comprender cómo funciona la empresa y cómo podría funcionar mejor.
b. Habilidades y actitudes democráticas: En particular, la participación en la toma de decisiones en un ambiente de igualdad de derechos y deberes que experimentan los miembros de una cooperativa facilita que ellos desplieguen habilidades y actitudes democráticas como la consideración de los intereses de otros, la construcción de consensos que articulan intereses individuales con colectivos, la solidaridad, el respeto a los otros, la responsabilidad por las decisiones tomadas, etcétera.
c. Protagonismo en lugar de apatía: Saberse en control de procesos que inciden sobre sus vidas, y con capacidades o habilidades para ello, promueve que las personas asuman una posición proactiva y creativa ante los asuntos que les afectan en lugar de esperar que los resuelvan otros.
4. Promueve un nuevo paradigma de riqueza: El desarrollo o mejoramiento humano que favorecen las instituciones gestionadas democráticamente promueve que las personas redefinan su concepción de la “riqueza”, de manera que no se limite a la acumulación de bienes materiales o su consumo por él o un grupo reducido de personas.
a. Responsabilidad hacia otros y hacia la naturaleza: En la medida que las personas descubran sus otras dimensiones humanas, además del instinto de supervivencia, y conozcan sus interrelaciones con otros, buscarán la felicidad en relaciones más armónicas con otros seres humanos y la naturaleza.
5. Contribuye a la equidad y justicia distributiva: El reparto de los excedentes de las cooperativas según los criterios definidos por sus asociados [5] resulta en una distribución del ingreso más equitativa y justa, al interior de ellas. Siguiendo su principio de compromiso social, y lo que generalmente establece la legislación cooperativa, esas organizaciones también favorecen una mayor equidad y justicia fuera de ellas mediante la utilización que hacen de sus fondos sociales contribuyendo a satisfacer las necesidades de las comunidades que les rodean.
6. Proporciona un empleo más estable: Son una fuente más estable de empleo porque las cooperativas no pueden separar a un asociado por razones que sean ajenas a su comportamiento. En situaciones en que se ven obligadas a reducir sus niveles de operación, ellas buscan distribuir equitativamente entre todos los miembros las consecuencias negativas en lugar de despedir a unos asociados.
a. Capital o patrimonio menos vulnerable: Mientras que las empresas donde el capital pertenece a más de un accionista son vulnerables a la retirada de sus socios, la cooperativa puede protegerse para exigir que al retirarse un miembro debe buscar un reemplazo o que no puede llevarse sus aportes al patrimonio si no cumple con ciertas condiciones.
7. Mejor equipadas para contribuir al desarrollo local: Las cooperativas son propensas a ser socialmente más responsables que las empresas privadas. Pueden internalizar intereses sociales más amplios que los intereses grupales del colectivo de asociados, pues su lógica de funcionamiento no es la maximización de la ganancia sino la satisfacción de sus necesidades.
8. Claves para establecer relaciones sociales más humanas: Las relaciones de trabajo asociado que se establecen en empresas gestionadas democráticamente son un punto de partida imprescindible para generalizar relaciones de asociación o cooperación a nivel social. Si, además de cumplir con sus principios autogestionarios y obligaciones tributarias, las cooperativas participaran en espacios de coordinación o planificación democrática con las comunidades que impacta con su actividad, ello les permitiría responder a intereses sociales más amplios y por tanto ser verdaderas empresas socialistas.
a. Se evita la explotación del hombre por el hombre: Aunque en las cooperativas puede sin dudas ocurrir la autoexplotación, los trabajadores no son subordinados de los directivos elegidos por ellos, y ellos mismos son los que definen sus ritmos de trabajo, ingresos y otros beneficios.
Ventajas de las cooperativas para Cuba
En Cuba, la existencia de una figura legal para las cooperativas, no limitadas al sector agropecuario, tendría ventajas adicionales. Ello permitiría que personas afines se juntaran para realizar actividades como las que hoy realizan los cuentapropistas, pero con niveles de productividad más altos y sin tener que recurrir a la concentración de la riqueza ni a relaciones de explotación. Para ello, sería recomendable crear cooperativas tanto de producción (tipo CPA) como de consumo de bienes y servicios (tipo CCS). Las primeras facilitarían lo que ya viene ocurriendo de manera no legal entre algunos productores de zapatos y de ropa, e incluso oficios de la construcción, que producen colectivamente para poder disfrutar las ventajas de la especialización y las de mayores escalas de producción. La existencia del segundo tipo permitiría que productores aislados se asociaran para disfrutar algunas de las ventajas de escalas mayores y de la cooperación; lo que ya viene ocurriendo en alguna medida entre vendedores ambulantes y transportistas que compran juntos para reducir costos, fijan precios y se distribuyen territorios o rutas de manera informal.
Es cierto que estas formas de cooperación van a ocurrir de forma espontánea –aun sin figuras legales para cooperativas fuera del sector agropecuario -, pero su existencia permitiría consolidar las relaciones de cooperación que ya vienen ocurriendo y facilitaría que otros grupos de personas que se tienen menos confianza (como para confiar en contratos verbales y/o en el manejo de fondos comunes en una cuenta bancaria a nombre de una sola persona) se decidan a hacerlo. Además, la existencia de asociaciones de productores individuales, o incluso de cuentapropistas que contratan trabajo de forma permanente, facilitaría la coordinación entre sus intereses y los intereses sociales representados en órganos de gobierno municipales; papel que no le corresponde a los sindicatos.
Es importante notar que, en la medida que la oferta de empleos en instituciones estatales disminuya como se tiene previsto, la ausencia de la figura legal de cooperativas de producción para actividades no agropecuarias resultará en que muchas personas se verán obligadas a aceptar las condiciones que pongan los cuentapropistas interesados en contratar su fuerza de trabajo. Si bien es cierto que en muchos casos la relación entre un cuentapropista y sus trabajadores contratados tiene componentes de asociación –y no solo de subordinación–, esto se debe a que los trabajadores contratados pueden exigir ciertas condiciones y beneficios bajo la amenaza de buscar trabajo en el sector estatal.
Por otro lado, la posibilidad de crear cooperativas en el sector de los servicios –o incluso en el de la industria ligera–, le permitiría al Estado “deshacerse” de la manera más socializada posible de aquellas actividades no estratégicas hoy administradas por instituciones estatales (ministerios, gobiernos provinciales y municipales) y que, dada su naturaleza, requieren de una gestión descentralizada y con altos niveles de autonomía para ser efectivas y resultar en mayores beneficios sociales al brindar productos de mejor calidad y precio y contribuir al presupuesto estatal. El Estado podría transferir la gestión a aquellos colectivos de trabajadores que estén dispuestos –de forma voluntaria y conscientes de las responsabilidades y derechos que adquieren– a crear cooperativas que arrienden o compren los medios de producción (locales, equipos, herramientas), en dependencia de lo que resulte conveniente para ambas partes e intereses sociales a largo plazo.
En una sociedad comprometida con la equidad y la justicia social, en aquellos casos donde existan las condiciones requeridas, esto sería más adecuado que transferir la gestión a una empresa privada, como ha sido propuesto por instituciones estatales que alegan la ausencia de una figura legal cooperativa y de voluntad política para comenzar a experimentar con esas formas empresariales. Si los trabajadores de una unidad empresarial estatal –u otras personas, pero dando prioridad a los que ya trabajan en ella– están dispuestos a formar una cooperativa, no tendría sentido dividirles y crear relaciones de subordinación entre ellos, como pareciera que se está proponiendo. La transferencia de gestión a una cooperativa parece, incluso, una solución más pragmática para el Estado, porque permitiría una relación contractual más estable que con un empresario privado.
Esto resultaría en una situación “ganar-ganar” tanto para el Estado como para los trabajadores hoy estatales, y potencialmente –en la medida que se logre orientar las actividades no estatales hacia intereses sociales– también para los consumidores y las comunidades donde operen. Los únicos perdedores serían los burócratas y administradores que prefieren liderazgos autoritarios a participativos, o los que utilizan esas posiciones para beneficiarse individualmente a costa del Estado y, realmente, de todos los cubanos y cubanas.
¿Y entonces, qué esperamos para promover la creación de cooperativas de todo tipo?
¿Por qué entonces no ha sido ni es política del Estado cubano promover las cooperativas más allá del sector agropecuario, y esas han tomado formas tan desvirtuadas por la excesiva intervención estatal? Sin dudas, esto se debe a la visión estatista de socialismo que ha predominado en nuestro país, y a que muchos no ven cómo los intereses grupales de las cooperativas se pueden articular con intereses sociales más amplios sin la intervención directa del Estado.
Sin embargo, la forma en que internamente están organizadas las cooperativas las hace no solo compatibles con un socialismo democrático, sino que imprescindibles, aunque por supuesto no son suficientes, ni la mejor manera de organizar todas las actividades económicas. Estaremos avanzando en la construcción de un nuevo orden económico y social en nuestro país en la medida en que, por un lado, aumente el número de cooperativas genuinas y las empresas estatales y privadas democraticen su gestión, y, por otro lado, todas las empresas “internalicen” intereses sociales mediante mecanismos de regulación –sobre todo indirecta–, pero acompañados de espacios de coordinación. De hecho, para Marx el modo de producción socialista se caracterizaba por “productores libremente asociados unidos por un plan”, mientras que para Lenin el socialismo era esencialmente una sociedad de “cooperativistas cultos”.
Otra razón por la que pareciera que los cambios actuales favorecen a las empresas privadas sobre las cooperativas, puede ser que la intención de privilegiar a las últimas (por ejemplo, con exención de impuestos y créditos con intereses más bajos, contratación prioritaria, programas de educación e información sobre ellas) requiere de una institución que vele porque aquellas empresas que se registran como tales sean realmente cooperativas. Aunque la tarea de esa institución sería sencilla, pues es suficiente revisar las actas de las asambleas y asegurar mediante campañas publicitarias y educacionales que todos los miembros de cooperativas sepan sus derechos, ello requiere de funcionarios fiscalizadores en dependencia del número de cooperativas que surjan. Idealmente, ese órgano de supervisión de las cooperativas podría ser financiado por ellas mismas (una contribución obligatoria) y administrado en coordinación con los órganos de representación que creen las propias cooperativas (consejos o federaciones).
Es cierto también que si el Estado asume el compromiso de promover las cooperativas, debería apoyar los procesos de educación que ellas requieren, debido a las particularidades éticas y organizativas de su dimensión social, ausente en empresas privadas. Pero los costos requeridos inicialmente –que después pasarían a ser financiados por las propias cooperativas– serían menores que los costos sociales resultantes de relaciones de explotación, y serían recuperables mediante los resultados de las potencialidades de las cooperativas vistas anteriormente.
No debemos ignorar que el rechazo a las cooperativas en nuestro país se debe también a la penetración del pensamiento neoliberal hegemónico en el mundo, un paradigma invalidado por los resultados que ha tenido su aplicación, y cuya debilidad científica o falta de objetividad ha sido demostrada por pensadores reconocidos mundialmente como Stiglitz, Ostrom, entre otros. Sin embargo, desde el Estado y los medios de comunicación parece estarse trasmitiendo la idea de que la empresa privada que contrata fuerza de trabajo es la única forma de gestión eficiente. Ese planteamiento pareciera corroborarse con los resultados que han obtenido las cooperativas agropecuarias en nuestro país. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si bien ellas han sido menos exitosas que los campesinos individuales que contratan fuerza de trabajo, esto se debe en gran medida a que realmente no han sido cooperativas, pues no han contado con la autonomía elemental para ejecutar compras, decidir producciones y ventas, e incurren, además, en gastos considerables para satisfacer necesidades de las comunidades como generar electricidad, bombera agua, abastecer comedores de escuelas).
Bajo análisis superficiales e influenciados por lo anterior, muchos en Cuba consideran las cooperativas como una utopía irrealizable. Se asume que las personas prefieren trabajar solas o con trabajadores contratados antes que en colectivo. Se piensa que no ocurre explotación cuando un cuentapropista contrata a otras personas como trabajadores contratados. Aunque en el discurso oficial de varios ministros se siguen mencionando a las cooperativas como “formas más socializadas”, y que por tanto merecen un tratamiento preferencial por el Estado, esta visión está ausente en los Lineamientos y no se ha visto plasmado en ninguna política pública hasta el momento.
Sin embargo, el trabajo en colectivo ha sido la mejor opción para aquellas actividades que es menos factible realizar de forma individual y cuando las personas se reconocen como iguales (en derechos y deberes). Más aún, las cooperativas han sido la única opción para los que, aún sin esa ética igualitaria y solidaria, no cuentan con recursos para contratar la fuerza de trabajo de otros. Son las reglas de funcionamiento de nuestras sociedades las que provocan que los comportamientos individualistas aparezcan como lo racional o natural, aunque después a muchos nos deje el peso de saber que fuimos injustos y que deberían existir mejores alternativas.
Cuba tiene condiciones que otros países no han tenido para promover las cooperativas y otras formas autogestionarias. Precisamente porque los cubanos y cubanas hemos sido expuestos a una práctica cotidiana relativamente más solidaria e igualitaria que en otros países –aunque sin dudas disminuida considerablemente desde los años noventa–, es probable que la organización en cooperativas (reales, y por tanto autónomas) sea más atractiva. Además, en Cuba ya la mayoría de las personas está relativamente bien calificada profesionalmente. Sin dudas, hay grandes vacíos en materia de gestión empresarial, pero esas habilidades pueden ser aprendidas rápidamente y suplidas en el intertanto por servicios de consultoría y administración. Otra ventaja importantísima con que contamos son los niveles de confianza y transparencia o extroversión que nos distinguen de otros pueblos, lo que nos adelanta en un requerimiento ineludible a la hora de crear una cooperativa: las personas deben tenerse ciertos niveles de confianza y empatía. Más aún, en algunas empresas estatales y en algunas empresas “informales”, ya vienen dándose procesos, en gran medida autogestionarios, que verían en la cooperativa la forma más deseable de organización.
Por eso, algunos de nosotros no perdemos la fe en que, una vez que se permita en nuestro país la creación de cooperativas de forma espontánea como se ha permitido a los cuentapropistas, muchos grupos de personas van a estar listos para crear sus cooperativas y poner en práctica los valores de solidaridad e igualdad que tan enraizados tienen. El éxito será mayor si el Estado cubano decide que prefiere un desarrollo más social y, consecuentemente, implementa políticas para privilegiar a las empresas que sean gestionadas democráticamente por sus trabajadores y que coordinen sus actividades con representantes de intereses sociales más amplios.
Medidas para promover las cooperativas
1. Realizar una campaña de educación e información sobre las características principales de las cooperativas y cómo pueden ser creadas, sus derechos y responsabilidades.
a. Explicar de forma clara por qué la cooperativa es una forma “más socializada” y por tanto preferible, en algunos casos, a la empresa privada.
b. La alta dirección del país debería hacer pública su decisión de promover o al menos permitir la creación de cooperativas, de manera que aquellos que hoy lo obstaculizan no tengan pretextos para ello.
2. Pasar una ley general de cooperativas, y su reglamento.
a. Debería ser precedido por un proceso de consulta, al menos con las cooperativas agropecuarias, pero idealmente lo más abierto posible, para que la nueva legislación supere las limitaciones de la ley de cooperativas agropecuarias vigente y sea lo más efectiva posible.
b. Los funcionarios de instituciones estatales a cargo de la implementación de las nuevas políticas públicas relativas a las cooperativas, y en particular los gobiernos locales, deberían ser capacitados sobre las especificidades y ventajas de esas organizaciones empresariales.
c. Mientras tanto, debería pasarse un decreto ley o algún instrumento legal que permita la creación de cooperativas, y establezca sus derechos y deberes. Se podría utilizar quizás alguna de las figuras legales establecidas en el Código de Comercio vigente.
3. Establecer una institución que supervise y apoye a las cooperativas existentes, así como que facilite su creación y registro, provea información sobre ellas, y les sirva de puente entre ellas y con otras instituciones o empresas estatales.
a. Trabajar junto con las universidades para que los profesores y estudiantes asesoren a las nuevas empresas en materia de gestión, contabilidad, estrategia y especificidades de las cooperativas; así como para que promuevan la creación de nuevas cooperativas en los territorios de mayores necesidades y grupos de personas con condiciones propicias.
b. En la medida que aumente el número de cooperativas, esta institución debería ser financiada por las propias cooperativas y su ejecutivo debería estar compuesto en gran medida por representantes elegidos por ellas.
4. Establecer políticas tributarias y de contratación de instituciones estatales que prioricen a las cooperativas sobre las otras empresas no estatales, sin que esto signifique que no deban pagar impuestos ni que los bienes y servicios que se les contraten sean de menor calidad.
5. Promover que los gobiernos locales establezcan espacios de coordinación con cooperativas y otras empresas no estatales en su territorio, de manera que estas contribuyan al logro de sus objetivos estratégicos.
Camila Piñeiro Harnecker es Investigadora. Compiladora del libro Cooperativas y Socialismo: Una Mirada desde Cuba. Ed. Caminos, La Habana, 2011.
Notas
[1] United Nations General Assembly Resolution A/RES/64/136 on the Proclamation of 2010 as International Year of Cooperatives. Ver http://social.un.org/coopsyear .
[2] La ACI es la organización que desde el año 1895 aglutina y promueve el movimiento cooperativo en el mundo . Ver http://www.ica.coop
[4] Para un análisis del significado práctico de cada uno de estos principios, ver “¿Qué es una cooperativa?” en Camila Piñeiro Harnecker (comp.) Cooperativas y Socialismo… , pp. 31-54.
[5] Las cooperativas generalmente distribuyen parte de los excedentes entre los asociados teniendo como criterios –generalmente aprobados en asamblea– el trabajo aportado medido en horas de trabajo y las características de las labores realizadas. Hay casos en que se distribuye por igual asegurando que todos contribuyan al máximo de sus capacidades y realicen tareas semejantes. También en algunas cooperativas se tienen en cuenta las necesidades particulares de los asociados: número de hijos menores, si es madre sola, etcétera.
